Río de Janeiro · 2003–2018
Archivado — sin juicioEl esquema de comisiones: la nómina que volvía
Los fiscales dicen que doce empleados fantasma de la nómina estatal de Río devolvían parte de su salario a la oficina de Flávio. El caso se derrumbó antes de que un jurado llegara a oírlo.
La acusación
Entre 2003 y 2018, mientras Flávio Bolsonaro ocupaba un escaño en la asamblea legislativa de Río de Janeiro (Alerj), los fiscales dicen que su oficina operaba un esquema clásico de comisiones — rachadinha, en portugués — en el que se contrataba a asistentes, que se quedaban con una parte de su salario público y devolvían el resto. En una acusación formal de noviembre de 2020, el Ministerio Público del estado de Río (MP-RJ) le imputó organización criminal, malversación y lavado de dinero. Identificó a doce empleados fantasma que, según su versión, recibieron 6,1 millones de reales. Al menos 2 millones habrían llegado a Fabrício Queiroz, ex chófer y jefe de gabinete de Flávio; otros 2 millones se retiraron en efectivo.
- R$1,2 millones se movieron por la cuenta de Queiroz, detectados por la unidad de inteligencia financiera de Brasil, el COAF, en diciembre de 2018 — incluidos 483 depósitos vinculados a personal de la oficina.
- R$247.000 en matrículas escolares y facturas del plan de salud fueron pagados en efectivo por Queiroz para la familia de Flávio entre 2013 y 2018, en 169 facturas, según los fiscales.
- Más del 90% de su salario devolvía la ex asistente Luiza Sousa Paes, según su testimonio — unos 160.000 reales en seis años.
- Los depósitos en efectivo en las cuentas de Flávio y su esposa coincidían con los pagos de la hipoteca de dos inmuebles en Río, según la acusación.
«Pasé 16 años de mi vida sin una sola acusación. En el momento en que el presidente fue elegido, empezaron las narrativas.»
Flávio Bolsonaro, abril de 2026, al pódcast Inteligência Ltda. — vía BBC Brasil
El historial
El caso nunca llegó a un jurado. Los jueces disputaron dónde debía juzgarse. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) anuló la autorización de un tribunal inferior para romper el secreto bancario y fiscal de Flávio, por considerarla mal fundamentada. El Supremo Tribunal Federal (STF) anuló después los informes del COAF y las pruebas derivadas de ellos, al entender que la unidad de inteligencia financiera no podía producir informes sobre un sospechoso que aún no estaba formalmente investigado. En febrero de 2025, el juez Gilmar Mendes rechazó un recurso para reabrir la investigación. El MP-RJ dijo a la BBC que el caso estaba cerrado.
La defensa de Flávio calificó los cargos de 2020 de «relato macabro y mal concebido». Dice que el dinero que recogía Queiroz pagaba a personal informal que trabajaba en la calle, no comisiones, y que Queiroz actuó sin su conocimiento.
Lea el reportaje original
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